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Pandemia de coronavirus: un análisis económico | José Hernández Cabrera


De vez en cuando la normalidad se ve alterada bruscamente por eventos, como la pandemia del coronavirus que ahora padecemos. Evitar los contagios requiere, entre otras medidas higiénico-sanitarias, reducir el contacto físico entre personas. El aislamiento implica permanecer la mayor parte del tiempo en casa y evitar aglomeraciones: transporte público, viajes, eventos deportivos, culturales o lúdicos, etc.

Los cambios súbitos en los patrones de consumo provocados por la pandemia, cuya duración nunca podemos precisar, tiene implicaciones económicas de gran calado. Por un lado, dejan de consumirse determinados bienes –transporte, turismo, restauración, deportes, ocio– y por otro, se dispara la demanda de servicios sanitarios y productos específicos –medicamentos, mascarillas, papel, jabón. La abrupta caída de la demanda en muchos bienes provoca el cierre de los negocios afectados, mientras que el aumento en otros ocasiona el colapso de hospitales y el desabastecimiento.

El mercado se ve completamente alterado porque la producción no puede modificarse al ritmo que impone la pandemia y los cambios súbitos de la demanda. Poniendo una analogía: el consumidor gira como una lancha motora y la producción como un trasatlántico. Sobran empleados en hoteles, restaurantes, bares, comercios, colegios, teatros y cines; pero faltan en hospitales, laboratorios, farmacias y domicilios particulares (repartidores, visitadores, cuidadores, canguros), etc. Sobran conductores de autobuses, pero faltan conductores de ambulancia.



Un primer análisis es el referido a visualizar cómo los factores de producción se trasladan más eficientemente de un sector a otro. Respecto del factor trabajo, la rígida legislación laboral y el sistema estatal de regula las cualificaciones profesionales no facilita el necesario trasvase de trabajadores de unos sectores a otros. Solo un sistema económico laissez-faire proporciona la flexibilidad y la inmediatez necesarias que requiere la crisis. Una economía libre de interferencias políticas y sindicales permitiría el rápido trasvase de la mano de obra; por ejemplo, una camarera de hotel es despedida hoy, pero mañana encuentra trabajo como cuidadora o limpiadora. Los procesos de aprendizaje, en este caso, son poco costosos en tiempo y esfuerzo. Cuanto más fácil sea el despido, más fácil será encontrar empleo y más eficiente será el reajuste de la economía.

Durante la pandemia, los colegios y los centros de día de mayores –entre otros– han cerrado y se necesitan miles de cuidadores para atender a pequeños y mayores en sus casas, y miles de limpiadores para labores de higiene y desinfección. Las mujeres, principalmente, podrán encontrar acomodo en estos sectores. También harán falta muchos repartidores a domicilio. Los estudiantes que no van a clase, por su parte, podrán trabajar esporádicamente como «canguros». Podemos imaginar muchos casos donde los desempleados pueden recolocarse rápidamente. Por ejemplo, un hotel entero puede transformarse en alojamiento sanitario para pacientes en cuarentena y la mayoría de su personal podría seguir ocupando el mismo puesto.¹

Sin embargo, cuando los factores de producción son específicos, el trasvase no resulta fácil. Por ejemplo, un teatro no puede reconvertirse fácilmente en hospital, ni un actor en enfermero (harían falta 4 años de estudio). Mientras dure la pandemia, por desgracia, el teatro permanecerá cerrado y los actores en paro.

Una segunda cuestión de análisis es la respuesta que dan las empresas ante la crisis. Si hubiera un pico de demanda de productos –medicamentos, mascarillas, geles desinfectantes, trajes de protección– la primera respuesta sería doblar o triplicar la plantilla para producir ininterrumpidamente (H24 x 365 días). Una segunda medida sería reconvertir líneas de producción y/o abrir otras nuevas. Por último, nuevas fábricas y hospitales pueden construirse ex novo. El personal sanitario especializado –médicos, enfermeros, técnicos–, con carácter temporal, puede ser trasladado desde las zonas no afectadas por la pandemia hacia aquellas menos afectadas. De nuevo, solamente un sistema sanitario privado, ofreciendo mayores salarios, podrá conseguir este necesario trasvase geográfico de trabajadores.


Algunas empresas mantienen estable su nivel de producción, pero deben tomar medidas para evitar el contagio entre empleados. Por ejemplo, la empresa HP, en Barcelona, ha establecido tres categorías de personal: a) Los que deben ir inexcusablemente al centro de trabajo (operarios de instalaciones fijas). b) Los que pueden hacer tele-trabajo (oficinas); y c) Los que deben alternar.

Por último, están las empresas afectadas por una caída súbita de la demanda –hoteles, bares, comercios, transportistas, gimnasios. Lo más socorrido es dar vacaciones (oficiales) a los empleados y acometer, en su caso, reformas y obras de mantenimiento pendientes; pero si la crisis se prolonga, los despidos no solo son inevitables, sino imprescindible para poder atender las nuevas demandas sociales. Por tanto, es un grave error subsidiar a empleados ociosos cuando sus servicios son requeridos en otros sectores económicos.

Un tercer elemento de análisis es el referido a la situación económica del Estado y su actuación ante la crisis. Lo más notorio es observar la fragilidad del Estado de bienestar, que hace aguas por los cuatro costados: a) La producción agregada del país cae y con ella la recaudación fiscal (sociedades, IVA); b) Hay menos trabajadores activos y más parados, lo que implica menor ingreso y más gasto social; c) Algunos funcionarios dejan de trabajar, pero siguen cobrando; d) Se dispara el gasto sanitario; y e) El pago de subsidios a los sectores en crisis aumenta la espiral de déficit público.

Los políticos, siguiendo el nefasto manual de Keynes, diseñan un plan de «choque» con dinero inflacionario o deuda pública –pan para hoy y hambre para mañana–, pero lo peor es que las medidas paliativas impiden que la economía se reajuste más rápidamente al nuevo escenario. La única solución realmente efectiva es una bajada generalizada de impuestos, acompañada de una drástica reducción del Estado y del gasto público: reducción salarial de políticos y funcionarios, privatizaciones de empresas públicas, liberalización completa del mercado laboral y eliminación de chiringuitos políticos (fundaciones, observatorios, etc.).

La pandemia del coronavirus ocasiona una caída neta de la producción de bienes en la economía y, con ella, una reducción generalizada del nivel de vida de las personas. Por otro lado, la reducción del consumo tiene un efecto deflacionario (algunos precios bajan) y se produce un aumento del ahorro y la inversión privada (no hay tal cosa como «inversión pública»), aunque solo sea temporalmente. Los que perciben rentas del Estado (políticos, funcionarios, pensionistas) verán aumentada su capacidad adquisitiva, mientras que el sector privado –para no variar– se llevará la peor parte: desempleo y pérdida de rentas.

Secularmente, individuos y familias se protegían de las contingencias de la vida mediante el ahorro, las mutualidades, los seguros y la familia; pero estas instituciones han sido laminadas sistemáticamente por el Estado asistencial, tal y como señala acertadamente Hoppe:²

Hans-Hermann Hoppe

Dispensando a los individuos de la obligación de ocuparse de sus propios ingresos, de su salud, de su seguridad, de su vejez o de la educación de los hijos, se reduce el horizonte temporal de la provisión privada, disminuyendo así mismo el valor del matrimonio, la familia, la descendencia y las relaciones de parentesco. La irresponsabilidad, la previsión a corto plazo, la negligencia, la enfermedad e incluso el «destruccionismo», todos ellos «males», serán promovidos, mientras que la responsabilidad, la previsión a largo plazo, la diligencia, la salud o el conservadurismo, «bienes» en si mismos, serán castigados.

Por último, señalar que algunas intervenciones de los gobiernos son especialmente lesivas para combatir la pandemia. Por ejemplo, la requisa del stock de mascarillas (y su producción), anunciada el 3 de marzo por el presidente Macron, reducirá su oferta porque ningún empresario, en su sano juicio, montará una fábrica bajo condiciones de requisa. En Francia, la producción de mascarillas no aumentará al ritmo requerido porque su presidente es un ignorante o un populista. La requisa y el control de precios son dos graves errores porque sólo el libre mercado hará que el capital, orientado por los altos precios, fluya hacia donde es más necesario.

José Hernández Cabrera
¹ El empresario Kike Sarasola ha puesto 2 de sus hoteles a disposición de las autoridades madrileñas para atender las necesidades de la pandemia de coronavirus. | ² Conservadurismo y Libertarismo, pag. 9

Conferencia de José Hernández Cabrera sobre el liberalismo. Jueves, 13 de febrero de 2020

«Sobre el liberalismo»
Ponente: José Hernández Cabrera
* Fecha: Jueves, 13 de febrero de 2020
* Hora: de 19:30 a 20:30 h.
* Lugar: Hotel Príncipe Paz, de Santa Cruz de Tenerife


Una solución liberal al conflicto catalán

Jurisdicciones funcionales, solapadas en competencia (JFSC): una solución liberal al conflicto catalán. 


Tras la sentencia del «procés» (14/10/2019), que condena por sedición y otros delitos a nueve exaltos cargos de la Generalidad, Cataluña ha sufrido una semana de disturbios ocasionados por grupos violentos afines al independentismo. Los desórdenes se vienen repitiendo los fines de semana y todo nos hace pensar que la insurrección, convenientemente estimulada desde los poderes autonómicos, va a persistir en el tiempo.

Desde un punto de vista teorético, presenciamos la pugna entre el Estado español, que aspira a mantener el statu quo político y un «aspirante» a Estado catalán, que desea la soberanía. Los líderes políticos de ambas facciones alegan sendas justificaciones: unos, la legalidad constitucional vigente (art. 2:
«…indisoluble unidad de la Nación Española»); y otros, la legitimidad de realizar una consulta secesionista y, en su caso, alcanzar la independencia.

Según la filosofía liberal, la libertad política reside en el derecho de asociación política de una comunidad y su corolario es el derecho de disociación política; análogamente, el derecho al divorcio es el corolario del derecho a contraer matrimonio. Los Estados son entes iliberales: no reconocen legalmente el principio de disociación política. Además, el Estado es la última instancia decisora sobre un territorio dado donde monopoliza la violencia legal. Por ello, si la secesión política no es una opción constitucional, la única salida de una disputa soberanista es la violencia. La mayoría de secesiones políticas se ha producido violentamente, contándose pocas excepciones: Checoslovaquia se dividió pacíficamente, en 1993; el Principado de Liechtenstein admite constitucionalmente la secesión política de sus once municipios y los gobiernos de Canadá y Reino Unido han permitido referendos sobre la independencia de Quebec (1980, 1995) y Escocia (2015), respectivamente.

España no es una excepción a la norma y, hoy por hoy, cualquiera que sea el resultado del conflicto catalán, sólo puede quedar un vencedor y un vencido. Asumamos, a efectos dialécticos, que la población catalana tiene dividida su lealtad nacional al 50%. Si el Estado español mantiene el statu quo político, la mitad de la población catalana se verá privada de libertad política. La propuesta de recuperar las competencias (educación, cultura, etc.) para, a largo plazo, recuperar los «afectos perdidos» con España, no nos parece plausible. Cambiar la lealtad nacional puede ser tan difícil como cambiar la lealtad a nuestro equipo de fútbol. Por otro lado, si Cataluña se independiza, la otra mitad de catalanes, que desea seguir siendo español, también quedará privada de libertad política. ¿Existe alguna solución que pueda contentar a ambas partes?

El profesor Bruno Frey (2005) propone una innovación política que podría mitigar el problema: «Jurisdicciones Funcionales, Solapadas en Competencia» (JFSC). La idea consiste en modificar la organización del Estado para introducir modelos políticos e institucionales que imiten el funcionamiento del mercado. Hay un triple objetivo. Primero, dotar al ciudadano de más poder para influir en la oferta política. Segundo, reducir los costes –«salida» y «voz»– derivados de la insatisfacción de los individuos con su gobierno (Hirschman, 1978). Y tercero, introducir más competencia entre las diferentes administraciones públicas para que sus servicios se ajusten más a las preferencias de los votantes.

Definamos las características de las JFSC:

a) Jurisdicciones: las unidades políticas (regiones, provincias, municipios) son gobiernos con capacidad normativa, fiscal y coactiva para hacer cumplir sus mandatos.

b) Funcionales: la unidad política se extiende sobre un área donde realiza ciertas funciones; por ejemplo, en un municipio grande serían: orden público, tráfico, recogida de residuos, etc. Una entidad regional podría gestionar educación, sanidad, transportes, etc. Y una confesión podría ofrecer servicios religiosos, educativos y sociales en espacios aún mayores.

c) Solapadas: varias jurisdicciones pueden ofrecer sus servicios en un mismo territorio; por ejemplo, en una misma ciudad una persona necesitada puede pedir ayuda a la Cruz Roja (organización gubernamental), Cáritas (Iglesia católica), Ayuntamiento, Diputación o Comunidad Autónoma. Estas redundancias son habitualmente tachadas de «ineficientes», sin embargo, suponen beneficiosas alternativas para los consumidores.

d) Competencia: los individuos y las unidades políticas pueden elegir un gobierno al que adscribirse y poseen mecanismos de decisión vía iniciativas y referendos. Se reconoce, por tanto, el principio liberal de asociación y disociación política (Kukathas, 2019: 183).

En la actualidad, los ciudadanos tienen pocas alternativas y escasos medios para influir en sus gobiernos; y lo que es peor, la centralización política hace que la regla democrática de la mayoría deje insatisfechas a minorías importantes (millones de personas). ¿Sería posible aplicar la propuesta de Frey a Cataluña?

Se podría reconocer el principio de libertad política (asociación y disociación) al nivel institucional más bajo posible: el municipio. Se organiza un referendo de independencia «en» Cataluña donde se acata el resultado a nivel municipal; tras la consulta, el territorio es un mosaico de municipios catalanes y españoles, cada uno sujeto a las leyes de sus respectivos Estados. La discontinuidad territorial de un Estado no le impide ejercer correctamente sus funciones. Hay muchos ejemplos de enclaves, incluidas las embajadas, que lo atestiguan. En este escenario sigue habiendo dos monopolios estatales, pero al reducir la escala, el número de ciudadanos satisfechos con su nacionalidad aumenta. Además, los costes de «salida» y «voz» se reducen. Quienes posean un fuerte sentimiento nacional (español o catalán) y, tras la consulta hayan quedado residiendo en un municipio «extranjero» tienen dos opciones:

a) Salida: trasladarse a un municipio próximo adscrito a su Estado preferido. Si el número de «salidas», en ambos sentidos, es significativo, se irán afianzando mayorías nacionales en cada municipio.

b) Voz: los que hayan quedado como «extranjeros» no se mudan, pero pueden influir (manifestarse, votar) en el resto para revertir el statu quo político, a saber, cambiar de adscripción nacional mediante futuros referendos; de esta forma se introduce la competencia política entre ambos Estados.

Una segunda innovación, compatible con la primera, permitiría contentar a todos: dejemos que cada individuo elija nacionalidad española o catalana. Sin ánimo de ser exhaustivo, veamos cómo se resolverían algunas cuestiones prácticas. Impuesto sobre la renta y seguridad social: cada empresario ingresa las cantidades en la jurisdicción elegida por cada trabajador (española o catalana) y consume sus servicios públicos (justicia, sanidad, educación, pensiones). Previamente, se reparten los activos (y pasivos) según criterios proporcionales (población, territorio) de tal forma que españoles y catalanes acuden a sus respectivos centros: juzgados, hospitales, colegios, comisarías, etc. Las autovías y carreteras pueden repartirse, privatizarse o mancomunarse, según convenga. Cada individuo quedaría sometido a las leyes de su propia jurisdicción y los conflictos que afecten a personas de distinta nacionalidad se dirimen mediante criterios que determinan, en cada caso, qué jurisdicción es la aplicable; por ejemplo, el criterio de territorialidad implicaría que la jurisdicción aplicable es aquella donde se hubiera producido el hecho en cuestión. Los pleitos a nivel internacional se solucionan de esta manera, reconociendo normas de derecho que han probado su eficacia.

Las ventajas, tanto para las personas como para las empresas, son evidentes porque la competencia jurisdiccional redunda en mejores servicios y menores impuestos. El obstáculo principal es que los políticos odian todo aquello que reduzca su poder, y aún en el caso de que las JFSC se implantaran, nada impediría que los competidores (Estados español y catalán) se cartelizaran para «armonizar» políticas en perjuicio de los contribuyentes, tal y como sucede con la Unión Europea.

La mayor incógnita es cómo las JFSC podrían llegar a materializarse. La propuesta de Bruno Frey otorga más poder a los ciudadanos y lo resta a los políticos, por tanto, no es de esperar que esta iniciativa provenga de los últimos; al contrario, los que se disputan un monopolio estatal lucharán a muerte hasta que sólo quede uno. En Cataluña, el deterioro de la convivencia es preocupante. La pretensión de sometimiento mutuo entre las partes, bajo la dialéctica del monopolio, sólo puede conducir a la descivilización. Por tanto, la solución más ética y respetuosa con los derechos del individuo es reconocer el principio liberal de asociación y secesión política al nivel más bajo posible: el municipio, como ente territorial, y el individuo, como genuino sujeto de derechos políticos.

José Hernández Cabrera

Bibliografía:
Frey, B. (2005). "Functional, Overlapping, Competing Jurisdictions: Redrawing the Geographic Borders of Administration". European Journal of Law Reform, Vol. V No. 3⁄4, pp. 543-555.
Hirschman, A. (1978). "Exit, Voice, and the State". World Politics, Vol. 31, No. 1, pp. 90-107.
Kukathas, C. (2019). El archipiélago liberal. Barcelona: Deusto / Instituto Juan de Mariana / Value School.

Sobre la curva de Laffer | José Hernández Cabrera

Sobre la curva de Laffer

En septiembre de 1974, Arthur Laffer cenaba en Washington con Dick Cheney, Donald Rumsfeld y el periodista Jude Wanniski. El joven economista de la Escuela de Chicago trataba de convencer a ambos políticos de algo insólito: era posible incrementar la recaudación fiscal bajando los impuestos. Para ayudarse en la explicación, Laffer dibujó en una servilleta una curva en forma de campana que representaba la relación entre el tipo impositivo (abscisa) y la recaudación (ordenada). Supuestamente, existía un tipo óptimo (t*) que maximizaba el ingreso (Tmax); por encima o por debajo del primero, se reducía el segundo. Los republicanos dieron por válida esta teoría y, 6 años más tarde, cuando Reagan llegó a la presidencia de EE. UU., la puso en práctica. Según el propio Laffer: «La rebaja de impuestos fue un éxito rotundo. El crecimiento se disparó, la inflación se moderó, el comercio con el resto del mundo fue a más…» (Sánchez, 2019). Recientemente, el presidente Trump ha condecorado a Laffer, de 79 años, con la Medalla Presidencial de la Libertad.

Tras este preámbulo, diremos que la curva de Laffer es analíticamente cierta, es una verdad a priori. El mérito de Laffer fue dar una apariencia «científica» a lo que Mises (2011: 874) ya había afirmado en 1940: «Cualquier impuesto concreto -de igual manera que todo el sistema fiscal de un país- se autodestruye en cuanto rebasa ciertos límites». La curva es apodíctica en sus extremos: si el tipo es 0%, la recaudación es cero; y si el tipo fuera 100%, la producción desaparecería y con ella la recaudación. Necesariamente, también debe existir una rama ascendente, un punto de inflexión y una rama descendente. Lo que no sabemos es qué ocurre «dentro» de la curva, es decir, no sabemos su forma. A medida que nos alejamos de sus extremos hacia el centro, aumenta la incertidumbre sobre si estamos a la izquierda o a la derecha del escurridizo máximo, al que sólo es posible aproximarse mediante tanteo (Mises, 2011: 872). El asunto se complica aún más si desagregamos el análisis. Hay una curva de Laffer para cada tipo de impuesto y para cada individuo, sin contar que las condiciones sociológicas varían de un país a otro: productividad, eficacia del sistema de compulsión fiscal, resistencia social a la confiscación, etc.

Desde su aparición, en el restaurante del Hotel Washington, la curva de Laffer ha sido fuente de controversia. Socialistas, keynesianos y otros adoradores del gasto público han dicho de ella que era «la mentira más grande jamás escrita en una servilleta». Supuestamente, la curva de Laffer era falsa y sólo servía a los intereses de los más ricos, deseosos de reducir la progresividad del impuesto.[1] Por su parte, liberales y conservadores la han utilizado como argumento para reducir la enorme carga fiscal que soportan las clases altas y medias. Hoy, por paradójico que parezca, pretendemos criticar esta última apelación por considerarla ineficaz y, sobre todo, contraria a los principios que sostienen una sociedad libre.

En primer lugar, la curva de Laffer es un instrumento estatista al servicio de la mayor confiscación en cifras absolutas. El que pide una bajada de impuestos apelando a la curva de Laffer le dice al político: «La avaricia rompe el saco. Baje usted los impuestos y recaudará más»; el político, por su parte, podría espetar: «Usted se equivoca, todavía es posible exprimir un poco más al contribuyente, especialmente a los más ricos». Y como la forma de la curva y su mítico punto álgido son incognoscibles, sendos argumentos pueden ser empleados ad libitum tanto por partidarios como por detractores. La curva de Laffer, por tanto, puede ser utilizada instrumentalmente para conseguir una cosa y su contraria, según quien la «dibuje». Por otro lado, quienes justifican la máxima confiscación siempre desean perfeccionar el sistema de compulsión para que todos «pasen por caja». Con frecuencia se olvidan de que evasión y elusión son formas en que el mercado reacciona ante la violencia fiscal (valga la redundancia).

Es justo aquí reconocer que la teoría de Laffer produjo, en los años 80, un cambio en las políticas fiscales a raíz de los éxitos económicos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Pero el recurso a Laffer para bajar impuestos tiene hoy escaso predicamento y los políticos prefieren, en general, dar otra vuelta de tuerca al garrote fiscal. Y, cuando hay bajadas de impuestos, estas son de menor cuantía que las subidas, hecho que Roberts Higgs (1987) acuñó efecto ratchet o «trinquete». Cuando hay una crisis el gobierno aprovecha para subir «temporalmente» el tipo impositivo y cuando cesa lo baja, pero sin recuperar el nivel de partida. A largo plazo, la confiscación siempre va en aumento. Por ejemplo, tras la crisis de 2008, el IGIC (IVA) en Canarias fue subido del 5% al 7%; en 2019, se bajó al 6,5% y el reciente gobierno socialista-comunista desea recuperar ese medio puntito para dedicarlo, como siempre, a más gasto «social».

En segundo lugar, si el objetivo liberal es bajar impuestos, existen otras estrategias menos ambiguas; por ejemplo, limitar constitucionalmente los tipos impositivos, tal y como sucede en Suiza, donde los topes fiscales son: 11,5% IRPF; 9,8% sociedades y 0,825 por mil del capital. En cambio, en España la Constitución certifica que un sistema tributario «en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio», pero si no se precisa el significado de «confiscatorio», el gobierno podrá abusar fiscalmente sin límites. Por otro lado, al tratar de optimizar el ingreso fiscal, se olvida que a la eficiencia también se llega actuando por el lado del gasto.

En tercer lugar, los intereses de quienes dirigen el Estado pudieran ser distintos de lo que presuponemos. Un gobernante desea obtener la máxima confiscación, pero solo como objetivo intermedio; su finalidad última es el aumento y la retención del poder.
Mises (2011: 873) advirtió el poder destructivo del impuesto y su empleo como medio para aumentar el poder: «Se puede desarticular y destrozar la economía de mercado utilizando el poder impositivo y son numerosos los gobernantes y los partidos políticos deseosos de alcanzar semejante objetivo por esta vía». Es decir, se puede hacer daño a sabiendas y reducir la recaudación si con ello se obtiene una utilidad mayor. Por ejemplo, en Venezuela, el socialista Chávez destruyó moral y económicamente su país como medio para perpetuarse en el poder. Pero hay más ejemplos: las leyes de salario mínimo aumentan el paro y el gasto social a la vez que reducen el ingreso fiscal, pero se utilizan porque dan votos. Para el político, en general, y para el sátrapa, en particular, la curva de Laffer es un mero pasatiempo de los economistas.

Lo último y más importante, el recurso lafferiano para pagar menos impuestos es un error ético porque acepta tácitamente que el gobierno persiga un nivel confiscatorio máximo, lo que supone la rendición del individuo al Estado. Es como si un esclavo le dijera a su amo: «Si me castigas más de la cuenta vas a salir perdiendo». En el peor caso (rama ascendente), el gobierno sube impuestos y recauda más; en el mejor caso (rama descendente), el gobierno reduce impuestos y también recauda más. El resultado es que el Estado siempre aumenta su poder: «Un gobierno es tan fuerte como lo son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). Reclamar una menor tributación no debe hacerse porque sea, simultáneamente, útil al individuo y útil al Estado (segundo caso). Cuando se trata de defender la libertad y la propiedad privada debemos evitar atajos, confusiones y trampas argumentales al servicio del Leviatán. En definitiva, la defensa liberal de la reducción de impuestos debe abandonar la utilitarista curva de Laffer y abrazar un nítido principio filosófico: un ser humano es un fin en sí mismo y no un esclavo fiscal.



Bibliografía
Chodorov, F. (2002). "The Income Tax: Root of all Evil". [Online edition]. Ludwig von Mises Institute.
Constitución suiza de 1999.
Constitución española de 1978.
Higgs, R. (1987). Crisis and Leviathan. Independent Institute.
Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Sánchez, D. (2019). https://www.expansion.com/actualidadeconomica/analisis
Con Reagan, el tipo marginal del tramo superior del IRPF pasó de 70% a 28%.
Constitución suiza de 1999, art. 128. Topes a nivel Confederación.
Constitución española de 1978, art. 31.1.


La fiebre de la emprendeduría | José Hernández Cabrera


En la Revolución industrial el empresario fue visto como un ser despiadado que se aprovechaba de sus obreros. Según Carlos Marx, el beneficio empresarial era precisamente el dinero sustraído a los trabajadores: la «plusvalía». A pesar de que la (espuria) teoría marxista de la explotación fue refutada, en 1884, por el economista austriaco Böhm-Bawerk, todavía hoy el empresario sigue despertando recelo entre muchos. Frente a esta visión negativa tenemos el enfoque randiano que presenta al empresario como un ser superior y heroico, una especie de «Atlas», el mítico titán griego que fue castigado por Zeus a cargar con el mundo.

Tanto los empresarios como los empleados buscan su propio interés y ello es perfectamente legítimo. Los primeros intentan obtener el mejor precio posible cuando compran factores de producción, respecto del trabajo, desean pagar los salarios más bajos posibles. Los segundos, por su lado, desean vender su trabajo al precio más alto posible. El mercado fijará finalmente los precios en virtud de la oferta y la demanda y de las habilidades negociadoras de las partes.
Dice el refrán que «sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena». Hizo falta la quiebra, tras la crisis económica de 2008, de cientos de miles de empresas y el desempleo de varios millones de personas, para que el gobierno (y muchos empleados) se acordara de los empresarios. Los empresarios son los únicos que crean empleo genuino y riqueza. Nunca un gobierno ha creado un solo empleo productivo, entendiendo por tal aquél que se financia voluntariamente. Los impuestos no son voluntarios, por tanto, cualquier puesto de trabajo remunerado con dinero confiscado (sector público) no puede considerarse productivo.
En la última década y desde todos los ámbitos -gobierno, medios de comunicación, universidad, colegios, ayuntamientos, sindicatos, cámaras de comercio- se nos dice que ser empresario es genial y que todos los parados deberían considerar la posibilidad de emprender. «Si nadie te contrata, contrátate ti mismo y emprende», es la consigna facilona de quienes desean fomentar la emprendeduría. Los taumaturgos que habitan en la política, por arte de magia, quieren convertir a millones de parados en perspicaces emprendedores. En lugar de eliminar la causa objetiva que origina el desempleo -el intervencionismo laboral- se empeñan en crear novedosas formas de engaño y propaganda.

Llegados a este punto, podríamos preguntarnos ¿por qué en el mercado no falta comida, bebida, ropa, vivienda, teléfonos, vehículos, etc., pero falta empleo? Según Mises (2011: 710), el paro es un fenómeno «institucional», a saber, es producto de la coacción del gobierno cuando fija salarios por encima de lo que determinaría el libre mercado. El trabajo, como bien escaso, no puede escapar a las inexorables leyes económicas. Si el gobierno encarece artificialmente el coste del trabajo con impuestos confiscatorios (valga la redundancia) y obliga al empresario a sufragar vacaciones, seguridad social, pagas extra, lactancia y un largo etcétera de servidumbres, el empleo escaseará en términos relativos. «Es el asalariado quien en definitiva soporta, mediante la reducción de su salario neto, todas las cargas y beneficios sociales» (Mises, 2011: 712).

El trabajo autónomo, sin duda, es una salida ante la escasez de empleo, pero menos empresas y más autónomos supone una desconcentración del capital disponible con la consiguiente pérdida de productividad. En un mercado no intervenido las empresas grandes son más rentables que las pequeñas, por ejemplo, porque generan economías de escala; por ello, pueden pagar salarios más altos. Dificultar el crecimiento de las empresas (mediante un intervencionismo asfixiante) y fomentar el trabajo autónomo es una buena manera de descapitalizar una economía. Al contrario de lo que predecían los profetas del marxismo, el cuerno de la abundancia está precisamente en la concentración de capital. La única forma de incrementar el salario real, tal y como afirma el profesor Alberto Benegas Lynch (h), es incrementar la tasa de capitalización, es decir, la cantidad de capital per cápita.
Y si algunos de los nuevos emprendedores tienen éxito y desean contratar empleados se enfrentarán con los mismos problemas que sufrieron sus quebrados patronos, a saber, una legislación hostil con la función empresarial. El gobierno se contradice cuando «apuesta por un empleo estable y de calidad» a la vez que convierte la contratación de empleados en una peligrosa actividad. No es de extrañar, por tanto, que muchos emprendedores renuncien a crecer: «Prefiero ganar menos y no complicarme la vida». De nada sirven los ocurrentes «viveros» e «incubadoras» si cuando la criatura comienza a crecer llega el gobierno y le corta las piernas.
No es que los políticos, de buenas a primeras, vean a los empresarios como héroes randianos. Lo único que realmente les preocupa es la disminución de los ingresos fiscales y de ahí esta nueva fiebre de la emprendeduría. Gobierno y sindicatos cometen un grave error si creen que existe una pócima contra el desempleo estructural que ellos mismos han creado. Se equivocan al pensar que pueden persuadir, a base de propaganda, talleres y cursillos, a un número suficiente de incautos para que se hagan empresarios y soporten estoicamente un infierno de normas, regulaciones y atropellos fiscales (valga la redundancia). Los nuevos emprendedores, más pronto que tarde, se darán cuenta del engaño y evitarán convertirse en los animales de sacrificio de unas élites extractivas y sus clientes políticos.

José Hernández Cabrera
Bibliografía
Böhm-Bawerk, E. «La teoría de la explotación», en Huerta de Soto, J. (2010). Lecturas de economía política III. Madrid: Unión Editorial.
Mises, L. (2011). La Acción Humana. Madrid: Unión Editorial.
Rand, Ayn (2004). La rebelión de Atlas. Buenos Aires: Grito Sagrado.

¿Existe el derecho a la información? | José Hernández Cabrera

¿Existe el derecho a la información?

Hace muy pocos meses, cuando Vox irrumpió en la escena política, el partido y sus dirigentes fueron objeto de todo tipo insultos y descalificaciones por parte de los medios de comunicación vinculados a la izquierda política.
 Pero a medida que Vox iba ganando apoyo social, afiliados, votantes y escaños (12 en el parlamento andaluz y 24 en el Congreso), el interés informativo en torno a Vox aumentó considerablemente. En poco tiempo, sus dirigentes pasaron de ser peligrosos fascistas a ser reclamados por todos los medios de comunicación. Vox, rompiendo la tradición de lameculismo político (valga la redundancia) y sumisión al «cuarto poder», decidió boicotear a quienes se habían alistado a un ejército de mentirosos y manipuladores, bajo la «alerta antifascista» decretada por el comunista Pablo Iglesias.


Entre otras, las marcas vetadas fueron:
Público, eldiario.es, La Marea, El Plural, Todo es mentira (Cuatro), EL ESPAÑOL, El Mundo, El País, El Intermedio (laSexta), InfoLibre y Contexto (CTXT). El boicot consistió en no invitarles a sus actos, prohibirles la entrada si se presentaban por sorpresa, negarles las entrevistas («No moleste Cuatro») y, en general, bloquear toda comunicación con sus enemigos. Estos últimos contraatacaron con un discurso victimista: «Vox no deja trabajar a los pobres compañeros», o con un discurso legalista: «La discriminación que hace Vox atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos». 

Por su parte, el partido de Santiago Abascal alega que la exclusión es la legítima defensa ante la «cantidad de mentiras y basura que se está publicando y emitiendo sobre Vox», en palabras del periodista y eurodiputado, Hermann Tertsch.

Analicemos quién lleva razón en esta disputa.

Primero. ¿Existe el derecho a la información?

Los derechos formulados en abstracto -a la información, al trabajo, a la vivienda, a decidir, etc.- son confusos y, casi siempre, se interpretan de forma sesgada e interesada. Recordemos que si alguien tiene un derecho, un tercero tiene un deber para con él. En este caso, si los periodistas tienen el derecho a ser invitados, Vox tiene el deber de invitarlos. Análogamente, si yo tengo derecho a una vivienda, alguien tiene el deber de proporcionármela. Todos estos derechos positivos son espurios, falsos, son pseudoderechos. Los derechos genuinos son negativos, es decir, están referidos a la no injerencia de terceros. Por ejemplo, si una pandilla de energúmenos irrumpe violentamente en la sala donde se realiza un acto electoral o una conferencia se está violando el derecho de los organizadores a proporcionar información a la audiencia.

Segundo. La exclusión como derecho de propiedad.

Vox, como cualquier persona física o jurídica, tiene el derecho de invitar a unos y excluir a otros en aquellos actos organizados en su propiedad o en locales contratados. Los medios de comunicación, por su parte, actúan de igual modo: en sus programas invitan a unas personas y excluyen a otras, en función de su interés informativo. El derecho de elegir a unos implica necesariamente el derecho de discriminar a otros. En otras palabras: el derecho de exclusión se subsume en el derecho de propiedad. Nadie puede exigir «ser invitado» a la casa de otro. De igual modo, la propiedad de nuestro cuerpo nos faculta a rechazar un apretón de manos, tal y como hizo Aitor Esteban con Iván Espinosa de los Monteros al finalizar un debate televisado.

Tercero. Vínculos contractuales y hegemónicos. 

Ludwig von Mises
Según Mises (2011: 234): «Existen dos formas de cooperación social: la cooperación en virtud de contrato y la coordinación voluntaria, y la cooperación en virtud de mando y subordinación, es decir, hegemónica». La comunicación es una relación contractual porque ambas partes deben consentir el intercambio. El promotor de un acto comunicativo elige invitado, siendo este último libre de aceptar o declinar la invitación. Además, cualquiera de las partes puede establecer previamente algunas condiciones: económicas y de otro tenor. El derecho a no participar en una comunicación se observa cuando algún contertulio de un programa se niega a dirigir la palabra an miembro de Vox, cuestión que nadie pone en tela de juicio.

Los periodistas que exigen un supuesto «derecho a la información» pretender convertir un vínculo contractual en otro hegemónico, impuesto violentamente al interlocutor. En definitiva, la «información», en abstracto, ni es un derecho ni es un deber. La información debe obtenerse lícitamente, ya sea mediante un intercambio económico (comprar un periódico) o mediante acuerdo entre los hablantes.


Bibliografía: Mises, Ludwig von (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial

Sobre el liberalismo | José Hernández Cabrera

Crónica Liberal - Sobre el liberalismo | José Hernández Cabrera

«Sobre el liberalismo»
Ponente: José Hernández Cabrera
* Fecha: Jueves, 13 de febrero de 2020
* Hora: de 19:30 a 20:30 h.
* Lugar: Hotel Príncipe Paz, de Santa Cruz de Tenerife
«Entrada libre»
Rasgos
  • José Hernández Cabrera es doctor en Economía (Escuela Austriaca).
  • Fue oficial en el Ejército de Tierra español durante 20 años, con una formación militar de posgrado en España, EEUU (Fort Benning) e Italia (Nápoles).
  • Ejerció como observador militar de Naciones Unidas (El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y oficial de la OTAN (Bosnia i Herzegovina y Kosovo).
  • Tiene experiencia en planificación táctica y estratégica.
  • En 2003, a petición propia, pasó a la reserva y fundó Somer Consulting, cuya misión es proporcionar servicios de formación y consultoría para empresas.
Mapa del lugar

Así fue la conferencia:


Por qué el ‘overbooking’ debería ilegalizarse | José Hernández Cabrera


Suponga que usted ha comprado una entrada para el teatro. En el día y a la hora señalados para la función usted se dirige a ocupar su sitio en la sala: fila 9, butaca 2. Cuando llega al asiento ya hay otra persona sentada en él, usted piensa que se trata de una confusión, pero la otra persona le muestra la entrada: fila 9, butaca 2. Usted coteja ambas entradas y verifica, estupefacto, que son idénticas. El otro cliente porta un documento original y hace valer su condición de primer ocupante para no ceder el asiento. ¿Qué ha sucedido?: Deliberadamente, con ánimo de lucro, el dueño del teatro ha vendido la misma butaca a dos clientes distintos pensando que, tal vez, una de ellas no acudiría a ver la función. Al advertir el fraude usted entra en cólera. El acomodador acude presto y le ofrece un trato: «Si renuncia voluntariamente a su asiento, con mucho gusto, le devolvemos el dinero o, si lo prefiere, le ofrecemos otra entrada para la siguiente función». «Y una mierda», espeta usted en voz alta para que todo el teatro se entere del timo. A continuación, usted llama a la policía, que se persona y levanta acta: «Presunto delito de estafa, contemplado en el art. 248.1 del Código Penal (cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno)».

Mi tesis es que no existe diferencia jurídica alguna entre la fechoría descrita anteriormente y el overbooking: práctica legal en la que el transportista vende (debería llamarse overselling) un número de plazas superior a las disponibles en el avión. Por tanto, el overbooking debería tener el mismo tratamiento penal que el resto de estafas. Llegados a este punto podemos preguntarnos: ¿Por qué no es así? O bien, ¿qué tiene de particular el overbooking para ser legal?

En primer lugar, la estafa siempre se produce. Supongamos que el avión tiene P plazas para transportar C clientes. El fraude se comete en el preciso acto de vender una plaza ya vendida al cliente C+1 porque el transportista se sitúa en condiciones de no poder honrar el contrato. También se producen dos engaños: a) C+1 no es informado de que su plaza ya fue vendida a otro cliente y b) El resto de clientes tampoco es informado de que cualquiera de ellos -los últimos en facturar- podría quedarse eventualmente en tierra. El engaño es evidente y necesario porque, de no existir, C+1 seguramente rechazaría el trato.

En segundo lugar, la estafa no siempre se manifiesta. Si el transportista acierta en sus previsiones y el número de plazas sobrevendidas es igual o menor que el número de no comparecientes, la compañía se lucra sin que nadie haya salido perjudicado. Digamos que el azar ha invisibilizado la estafa porque el daño no aparece. La legalización del overbooking se sostiene, al igual que la banca con reserva fraccionaria, en el espurio argumento de la estadística y del análisis científico del revenue management. Pero ningún algoritmo es infalible y el fraude, inevitablemente, se hace presente. La identidad de los estafados se revela, a última hora, en el mostrador de facturación.

En tercer lugar, ¿cómo reaccionan los consumidores ante la agresión institucional? Los viajeros más espabilados procuran facturar lo antes posible para evitar un susto en el mostrador de facturación. Otros, en su caso, eligen medios de trasporte alternativos (marítimos y terrestres) que no tienen «patente de corso». Lo asombroso, en todo caso, es que la opinión pública haya asumido este fraude como algo normal por lo que algunos hoteles también lo han incorporado.

La Unión Europea ha legalizado (Reglamento CE nº 261/2004) el overbooking para satisfacer los intereses del lobby de las aerolíneas a expensas de los viajeros afectados. Paradójicamente, el Reglamento establece una serie de compensaciones en caso de denegación de embarque; como suele decirse: «el Gobierno primero te rompe las piernas y luego te ofrece unas muletas». Por su parte, la IATA, con gran desfachatez, afirma que el overbooking beneficia al consumidor porque «optimiza la escasa capacidad y contribuye a mantener costes y tarifas más bajas». Que se lo digan a los millones de viajeros que sufren un auténtico calvario cada año.

Por último, ¿qué sucedería en caso de prohibir el overbooking? Las aerolíneas no perderían dinero porque los no comparecientes ya abonaron su billete. Además, el transportista, marginalmente, obtiene beneficios mediante la reducción de costes: combustible, limpieza, gestiones, tiempos, etc. El resto de viajeros, por su parte, disfruta de ciertas externalidades positivas: mayor espacio, menores tiempos de espera, etc.

En conclusión, el Gobierno comete un crimen al legalizar una estafa y las aerolíneas se aprovechan de ello. Una compañía cuya dirección se comportara éticamente debería renunciar motu proprio al overbooking, algo que mejoraría notablemente su reputación. Diseñar un fabuloso algoritmo que prediga con acierto el comportamiento futuro del consumidor es una solución utilitarista que soslaya principios éticos y jurídicos.


José Hernández Cabrera
Doctor en Economía (Escuela Austriaca). Fue oficial en el Ejército de Tierra español durante 20 años, con una formación militar de posgrado en España, EEUU (Fort Benning) e Italia (Nápoles). Ejerció como observador militar de Naciones Unidas (El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y oficial de la OTAN (Bosnia i Herzegovina y Kosovo). Tiene experiencia en planificación táctica y estratégica. En 2003, a petición propia, pasó a la reserva y fundó Somer Consulting, cuya misión es proporcionar servicios de formación y consultoría para empresas.

Dos clases de privilegiados | José Hernández Cabrera

Angel Víctor Torres
Dice Angel Víctor Torres (PSOE), flamante presidente de Canarias, que los privilegiados deben tenerle miedo. No es lo mismo «ser un privilegiado» que ser receptor de un privilegio político. Veamos las diferencias.

En el lenguaje popular, «ser un privilegiado» significa tener éxito en la vida por las cualidades innatas (fuerza, belleza, inteligencia, salud), por las habilidades naturales, adquiridas y perfeccionadas mediante el esfuerzo personal o incluso gracias a la suerte. Todos estos factores influyen para tener éxito en la vida y sentirse «un privilegiado»: estado psicológico que varía de un sujeto a otro, o incluso para un mismo individuo a lo largo de su vida. Por ejemplo, Amancio Ortega y Rafael Nadal son dos privilegiados (cada uno en lo suyo), pero también hay miles de personas que se sienten privilegiadas: tienen salud, familia, trabajo, patrimonio, etc.



Rafael Nadal
Ser receptor de un privilegio político es algo distinto. En este caso, el privilegiado no obtiene el éxito de forma natural, sino porque la autoridad política aplica restricciones a terceros. Por ejemplo, Rafael Nadal gozaría de un privilegio político si el gobierno español prohibiera la participación de Federer y Djokovic en el Open de tenis de Madrid. Seguramente, veríamos con malos ojos este favor, pero se trata del mismo privilegio que gozan hoy, taxistas, farmacéuticos y funcionarios. El gobierno permite sólo a unos pocos elegidos realizar cierta actividad. Según Lord Coke: el monopolio es un favor político, un fenómeno mercantilista y su existencia sólo es debida a «una concesión de privilegios por parte del gobierno».

Amancio Ortega
La diferencia entre ambos tipos de privilegiados es notable. Los primeros son benefactores de la sociedad y su fortuna es el justo resultado de haber satisfecho puntualmente las necesidades y deseos de sus congéneres. Si Amancio Ortega quiere incrementar su beneficio deberá fabricar mejores prendas y más baratas que sus competidores. En cambio, si un taxista quiere aumentar su facturación deberá conseguir que el político de turno restrinja la oferta todo lo posible, por ejemplo, paralizando la concesión de nuevas licencias y prohibiendo la entrada de Uber y Cabify al mercado. Los políticos lo tienen bastante fácil: si quieren aumentar su renta deberán alzar la mano para votar su propia subida de salario.

Pero cuando el presidente Torres dice que los «privilegiados» deben tenerle miedo, ¿a qué grupo se refiere? Yo creo que se dirige a los primeros, a esos «malditos ricos» que ganan una cantidad de dinero «excesiva». Detrás de su amenaza, que debe ser considerada seriamente, reside el secular odio, resentimiento y envidia que siente el mediocre contra aquellas personas más productivas. Por este motivo, pronto veremos en Canarias nuevos impuestos: ¿tasa turística?

Este nuevo gobierno de saqueadores (valga la redundancia) cree que puede construir una sociedad mejor robando a unos y repartiendo el botín a otros. No sabe que su perverso código moral lleva la semilla de su propia destrucción. Una sociedad que castiga el éxito de los mejores es una sociedad condenada al fracaso y a la miseria. Solo hay que echar un vistazo a Venezuela, pero estos fanáticos de la «redistribución» están cegados por su ignorancia y sus prejuicios.

Huelga decir que las declaraciones del presidente Torres ahuyentará a los inversores: «No hay nada más cobarde que un millón de dólares», o como dice el profesor Huerta de Soto: «Que invierta su puta madre».

Jesús Huerta de Soto

José Hernández Cabrera
Doctor en Economía (Escuela Austriaca). Fue oficial en el Ejército de Tierra español durante 20 años, con una formación militar de posgrado en España, EEUU (Fort Benning) e Italia (Nápoles). Ejerció como observador militar de Naciones Unidas (El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y oficial de la OTAN (Bosnia i Herzegovina y Kosovo). Tiene experiencia en planificación táctica y estratégica. En 2003, a petición propia, pasó a la reserva y fundó Somer Consulting, cuya misión es proporcionar servicios de formación y consultoría para empresas.

Ética del Capitalismo | José Hernández Cabrera

  • Conferencia sobre Ética del Capitalismo de nuestro compañero José Hernández Cabrera, en las IV Jornadas Liberales de Tenerife, celebradas en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, en la Sala de Proyecciones de los Salones Miguel Duque.

¿Quien es José Hernández Cabrera?

Teniente coronel del ejército en la reserva, empresario, máster en economía por la Escuela Austríaca.
Formador para empresas en dirección, marketing y economía austriaca.
Gestión aplicativo Fundación Tripartita
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Oficial en el Ejército de Tierra español durante 20 años. Formación militar de post-grado en España, EEUU (Fort Benning) e Italia (Nápoles). Fue observador militar de NNUU (El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) y Oficial NATO (Bosnia i Herzegovina y Kosovo). Experiencia en planificación táctica y estratégica.
En 2003, a petición propia, pasa a la Reserva y funda SOMER CONSULTING, cuya misión es "Proporcionar servicios de formación y consultoría para empresas para contribuir al desarrollo personal, profesional y corporativo de sus clientes".

José Hernández nos habla sobre los valores éticos del capitalismo y el libre mercado


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